El problema: el abstencionismo
El abstencionismo provoca desigualdades y desequilibrios, siendo los sectores más participativos los más favorecidos.
Los ciudadanos no se sienten representados por los partidos políticos y participan menos en los procesos electorales. Hay partidos con ideales confusos, que se desvían del programa y no cumplen sus objetivos, realizan pactos con otros partidos, y son cada vez más corruptos.
Este comportamiento por parte de los partidos y sus respectivos políticos, genera una creciente falta de interés generalizada en la participación en la vida política actual, porque la sociedad ha percibido que sólo corresponde a unos cuantos, no se sienten partícipes y sienten que sólo piensan en ellos para conseguir votos. El único interés real de la mayoría de políticos es mantener su asiento y sueldo, en detrimento de las necesidades reales del pueblo.
Por otro lado, en España, la mayor participación ha coincidido generalmente con un cambio de partido político, y el abstencionismo con la reelección del que ya gobernaba. Se puede interpretar que una de las posibles causas de la abstención se debe a que los ciudadanos se encuentran bien con la situación política, y cuando no es así se participa más en las urnas.
Una posible solución: el voto obligatorio
La participación política es importante para que haya igualdad y democracia, pero actualmente la participación no es activa y se crean desigualdades. El voto obligatorio sería, según muchos politólogos, una opción válida para evitar el problema del abstencionismo, dentro de la cual habrían varias opciones para aplicar dicha obligación.
Una primera opción sería que únicamente se pueda votar a los partidos que se presentan (no la opción de voto en blanco), y una segunda opción sería ofrecer la posibilidad de que se pueda votar en blanco.
Con la primera opción se garantizaría que todos los votos fuesen dirigidos al partido con el que el votante se siente más identificado, todo y que realmente no desee votarlo por algún motivo. Con la segunda opción se correría el riesgo de que el “voto en blanco” se convirtiese en el nuevo abstencionismo. Entonces, ¿sería realmente el voto obligatorio una solución o sólo un modo de camuflar el problema?
¿Sancionar un derecho?
La participación en las elecciones se considera un derecho fundamental en la democracia, poner el voto obligatorio sería vulnerar la libertad de los ciudadanos a expresarse mediante el voto en blanco o el abstencionismo. Hay quien ve en el voto un deber similar al pago de impuestos.
Además, con el voto obligatorio la participación total no estaría garantizada, ya que el abstencionismo como tal sería posible de todos modos, y el único modo de que los ciudadanos se planteasen ir a votar sería si hubiese una sanción económica por no hacerlo. En algunos casos se propone una multa equiparable a una multa de estacionamiento, de modo que se podría dar el caso de que un porcentaje de los ciudadanos optase igualmente por la abstención.
El voto obligatorio no implicaría una participación del 100% de los votantes, de manera que no todos los ciudadanos se implicarían de forma activa en el ámbito político, aunque sí un número superior al actual.
Beneficios del voto obligatorio
Maximizando la participación hasta casi su totalidad, la igualdad sería igualmente cercana al total, siempre y cuando se cumpliese la regla de “una persona, un voto”.
Con una participación casi total desaparecerían las diferencias y desigualdades dentro de la sociedad.
En los países donde se ha aplicado el voto obligatorio se ha visto un aumento destacable de participación, así como una reducción considerable de las desigualdades, especialmente en el sesgo socioeconómico, el cual se evidencia claramente sin el voto obligatorio, ya que predominan en las votaciones los votantes de clase media-alta y ganan en votos los partidos conservadores.
En los estudios realizados en países donde se ha aplicado el voto obligatorio se observa un aumento de forma efectiva y sistemática de la participación.
Se debe tener además en cuenta la base a partir de la que se parte, ya que si un país tiene una alta participación con voto voluntario, seguramente la diferencia con voto obligatorio no será muy evidente. En cambio si un país tiene una base de participación del 50 o 60%, la diferencia será seguramente sorprendente.
Además, teniendo constancia que en las elecciones de segundo orden tienen una participación inferior, como es el caso de las elecciones europeas donde en España tiene la participación más baja en comparación con las nacionales y municipales, se vería una participación mucho más activa y el voto obligatorio sería realmente efectivo.
Claramente, el voto obligatorio sería una solución en la práctica que ayudaría a obtener una alta participación, reduciendo las desigualdades, en países democráticos. Pero, ¿dónde quedaría la libertad de expresión?
La realidad: el problema son los políticos, no los ciudadanos.
La aplicación del voto obligatorio (Lijphart, 1997), podría ser una de las posibles medidas para garantizar una participación más activa, pero no hay que dejarse engañar por promesas acerca de sus beneficios y comparativas con otros países, porque el voto obligatorio no mejoraría la problemática más allá de ofrecer únicamente un incremento en la participación y además, castigar a aquellos que no cumplan. La problemática real es que los ciudadanos muestran con su abstención o voto en blanco su descontento y desinterés por la política actual, no se sienten identificados por las opciones políticas existentes o consideran que su voto no hará la diferencia. Y para mejorar la situación se debe actuar desde la base, el problema son los partidos políticos, no los ciudadanos.
Se deben eliminar los beneficios a los partidos políticos, como subvenciones y sueldos vitalicios, que lo único que hacen es utilizar el dinero de los contribuyentes en sus propios interés, no para mejorar la situación del pueblo. Los partidos políticos deben mantenerse con las aportaciones de sus afiliados o donaciones particulares. De ese modo, no existirían políticos que estuviesen en la política por intereses supérfluos, únicamente aquellos que quisiera aportar una diferencia real a la sociedad, su trabajo desinteresado y altruista, con un retribución acorde a su puesto y tiempo invertido, no un sueldo millonario, y que una vez finalizada su aportación a la sociedad, dispusiese del paro o jubilación como todos los españoles. Nada de sueldos vitalicios.
De este modo, los políticos otorgarían mayor credibilidad y cercanía al pueblo, y demostraría un compromiso real por mejorar nuestra nación y el bienestar de todos los ciudadanos.
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